En los últimos años la Universidad Católica de Asunción logró pisotear leyes a su antojo para encubrir a acosadores, despedir dirigentes sindicales luego de una huelga e imputar a docentes y estudiantes que acamparon como medida de protesta a la falta de democracia en la universidad. Hoy sus tentáculos llegan hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con Cristian Kriskovich como principal actor.

 

Cuando Belén Whitingslow ingresó a la facultad de derecho no se imaginaba encontrar adentro de la universidad que profesa su misma fe, la católica apostólica romana, a un profesor con tanto desdén por las mismas leyes que enseñaba y la misma moral cristiana.

Cristian Kriskovich, uno de sus profesores, la acosó a través del whatsapp mandándole fotos de mujeres semidesnudas con disfraces sexuales o con mensajes del tono “Ofrecerle amistad a quien pide amor es como solo darle un beso en la mejilla a quien quiere cogerte salvajemente contra la pared”, cuando Belén le pedía que pare o buscaba evadirle, el profesor se ponía más insistente.

Por un tiempo no supo que hacer, suponiendo que si seguía negándose Kriskovich podía dejar de insistir, pero cuando saltó el caso de la compra de notas por parte de algunos estudiantes de derecho, el profesor le informó que su nombre “apareció” en una de las listas pero que él podría ayudarla para evadir esta situación, en una clara jugada por posicionarse como su salvador y así usar el sexo como moneda de cambio.

La Universidad Católica hoy en día está lejos de representar una oposición al poder del partido colorado como lo hizo durante la dictadura, así lo vienen demostrando el rector Narciso Velazquez y sus secuaces en los juicios contra 4 trabajadores, dirigentes de la primera huelga general de la universidad.

Julio, Juan, Carolina y César, todos con más de 10 años de antigüedad y algunos con estabilidad sindical, fueron despedidos tras un sumario montado, en el que se transgredieron groseramente procedimientos básicos legales, desconociendo garantías constitucionales elementales, valiéndose de testimonios y denuncias falsas, en base a una resolución carente de motivaciones y fundamentaciones serias. Narciso quería hacer pagar cara la osadía de las y los trabajadoras/es sindicalizados por cuestionar un sinnúmero de irregularidades en su administración de una de las universidades más exclusivas (y excluyentes) del país. La influencia de Kriskovich en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no puede desconocerse en estos procesos donde el código laboral y las leyes se doblan al antojo de la patronal.

Una de las razones de los despidos dentro de la universidad fue el apoyo de los dos sindicatos de trabajadores a la toma y acampe en la sede central que fue llevada a cabo por un grupo de alumnos de distintas facultades en rechazo a la falta de democracia adentro de la universidad y la destitución del entonces decano de la facultad de filosofía, José Antonio Galeano.

Pese a reiterados pedidos por parte de los estudiantes en toma para dialogar con las autoridades, exigiendo explicaciones sobre grandes cambios que se estaban dando dentro de su universidad, Narciso y su consejo decidieron hacer oídos sordos a los pedidos de la  asamblea interestamental de estudiantes y trabajadores. Con 20 matones a sueldo, contratados por las autoridades de la universidad, ingresaron de la mano del en ese entonces encargado de despacho de la facultad de derecho, Cesar Rufinelli (que coincidentemente fue ascendido como Decano al terminar la toma) rompiendo las barricadas de los estudiantes a golpes y empujones.

Luego del levantamiento violento de la toma, los estudiantes firmaron un acuerdo con la universidad en presencia del Fiscal General del Estado y otros fiscales donde se comprometían explícitamente a no procesar a los estudiantes involucrados. Ese compromiso fue desconocido y 5 personas involucradas en la toma fueron imputadas por la fiscalía, 4 de esas 5 aceptaron un acuerdo con la Universidad donde se declaraban culpables de los hechos de los que le acusaban, pidiendo disculpas a la institución además de pagar una especie de multa.

Aurora Lezcano considera que la protesta frente a una injusticia nunca puede ser un crimen, por lo tanto fue la única que no acepto el trato que ofrecía la universidad y continua ahora en una causa elevada ya a juicio oral, que se desarrolla con una rapidez impresionante para el poder judicial, casi como aceitados por una mano invisible.

Es imposible dejar de notar como los procesos judiciales de instituciones poderosas como la Iglesia se desarrollan con tanta parcialidad, desde todos los pedidos de reposición rechazados a los dirigentes sindicales amparados por la ley, cercanos a una especie de dictadura patronal.

La actual contrademanda por difamación por 450.000 dolares que sufre Belen Whittingslow donde Cristian Kriskovich la acusa de inventar toda la historia y le exige una compensanción por los daños a su imagen pública, a pesar de que la demandada exige desde hace años que se perite su telefono celular donde tiene pruebas contundentes para hundir al antiguo acusado. “En la ratificación de la denuncia dicen que, pedirle a su alumna acostarse con ella o tomar whisky en el Consejo de la Magistratura, o ponerse disfraces obscenos, es galanteo y cortejo ¿a ustedes les parece que pueden ser galanteo y cortejo esas cosas?” nos dijo Belén, que parece no poder creer que ella es la perseguida por la “justicia” en este momento.

Teniendo reconocido este enemigo común dentro de la burocracia eclesial, el plan es mucho más claro, un frente unido es una necesidad, conformado por todos los afectados y afectadas por la violencia estructural que imponen estos patriarcas, hasta sacarlos de donde están y que respondan por cada uno de los crímenes que cometieron escudados en la Iglesia que representan.

 

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