28/09/2012

El aborto, actualmente es la primera causa de muerte materna en Paraguay. Aún con el subregistro, oficialmente se da cuenta de 239 muertes de mujeres (una mujer cada 11 días) por aborto entre el 2001 y el 2007.

Paraguay tiene una de las tasas de mortalidad materna más elevadas de la región: 125,4 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos en 2009, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La primera causa oficial de estas muertes prevenibles es el aborto, realizado en condiciones de clandestinidad y alto riesgo principalmente por mujeres en situación de pobreza, muchas de ellas adolescentes, sin acceso a educación sexual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo se practican aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo cada año, y que el 99.9% de la mortalidad materna poraborto ocurre en los países latinoamericanos.

A pesar de estos datos, que desde hace décadas están entre los más alarmantes de toda la región, el aborto sigue siendo penalizado en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, excepto Cuba. En Uruguay, una ley que despenaliza el aborto acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados y en los próximos días se tratará en el Senado, en donde también se aprobaría ya que la propuesta cuenta con los votos necesarios.

La penalización no salva ninguna vida

La única que puede decidir  sobre su cuerpo, si parir o no, si ser madre o no, es la mujer. El aborto no es un método anticonceptivo, tampoco es una intervención recomendable y está lejos de ser una situación agradable para la mujer que se lo practica. El aborto, en la gran mayoría de los casos, es el último recurso de una mujer que no tuvo educación sexual, que no tuvo, por alguna razón, el acceso a métodos anticonceptivos y que, por alguna razón –no juzgable-, decide no seguir adelante con su embarazo.

La penalización del aborto, de ninguna manera redujo el número de abortos practicados; no salvó ninguna vida en América Latina ni en nuestro país.  Una mujer que decide abortar lo hará, la penalización lo vuelve clandestino. Los abortos entonces, se realizan en condiciones insalubres y con serios riesgos para la salud y la vida de las mujeres. Además, la última modificación del Código Penal en nuestro país ha aumentado la responsabilidad y la pena para aquellas personas -médicos, parteras, etc.-, que asistan la interrupción de un embarazo. Esto significa, en los hechos, sentenciar a la mayoría de las mujeres que requieren estos servicios a practicarse abortos en condiciones de riesgo.

Las mujeres que mueren son las mujeres pobres, que no tuvieron educación sexual, acceso a los anticonceptivos y, al momento del embarazo no deseado, no tienen los recursos para pagar lo que sale practicarse un aborto con un médico.

La penalización del aborto significa el sometimiento directo del cuerpo y de la vida de la mujer. La mujer en América Latina no es soberana ni dueña de sí misma. A quienes luchamos por el aborto legal nos acusan de abortistas y asesinas, pero somos las mismas que en la práctica también luchamos por las mejores condiciones de trabajo de las madres, de los hospitales, y mejores condiciones de vida de la familia obrera en general.

En nuestro país, y en toda la región, el debate sobre el aborto es un debate de salud pública y un debate sobre derechos básicos de las mujeres, no sólo sobre su derecho a una vida sexual plena, a una sexualidad sin violencia y a una vida reproductiva libre y responsable, sino sobre su derecho a una vida digna.

La criminal hipocresía de la religión

El debate sobre el aborto no puede ser un debate religioso, menos en un estado supuestamente laico. Las personas que pretenden (y hasta ahora, lamentablemente, lo logran) imponer su visión moral de las cosas a toda la población, pasan por encima de los derechos más básicos que contribuirían a disminuir el aborto o la mortalidad materna, oponiéndose sistemáticamente a la educación sexual, la planificación familiar y el uso libre y responsable de métodos anticonceptivos. Por lo tanto la pretensión de “defensa de la vida” que dicen sostener, busca ocultar la intención de imponer a los demás una visión particular (religiosa) de la sexualidad y cómo vivirla.

La Iglesia Católica y la derecha toda, se oponen a la legalización del aborto, así como a la educación sexual y a la anticoncepción porque defienden el sometimiento de la mujer a través del sometimiento de su propio cuerpo y no están a favor de salvar ninguna vida.

Necesitamos organizarnos para llevar adelante la lucha por la legalización del aborto, por la vida de las mujeres. Debemos exigir la implementación de un plan nacional efectivo de educación sexual laica y distribución gratuita de anticonceptivos a la población, para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.

¡Basta de hipocresías! 

Por la vida de las mujeres: ¡Educación sexual laica para decidir, anticoncepción universal gratuita para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

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