Que la democracia actual y sus instituciones sólo están al servicio de garantizar los intereses de la clase dominante siempre fue la cruda realidad, mal que les pese a los defensores del sistema democrático burgues; esta descripción se ajusta ante los negociados, maniobras y judicializaciones perversas que salieron a la luz.

Los audios filtrados en los que se expone todo el manejo sucio e inescrupuloso de la política gansteril para manejar la justicia a su antojo, sea para negociados, sea para ajustar condenas a los luchadores sociales es la muestra palpable de lo que siempre supimos, la absoluta descomposición e impunidad con la que actúa la mafia política para moldear las decisiones de la justicia.

 

La masacre de Curuguaty

Nunca existió duda alguna que detrás de los casos de criminalización campesina estaban los intereses de agroganaderos y que la orientación que recibían fiscales y jueces era procesar y encarcelar a dirigentes de las organizaciones para desactivar, estigmatizar y deslegitimar sus luchas.

La masacre de Curuguaty se constituyó en el caso más emblemático de ocupación campesina por el desenlace final de la criminalización, la cual tuvo como resultado el asesinato de 11 compañeros campesinos y 6 policias, varios detenidos y condenados injustamente.

Los audios que salieron a la luz involucran al ex vice ministro Caballero con relación al ocultamiento de pruebas claves que desestiman la acusación contra los condenados. La responsabilidad de parte de fiscales y jueces para encubrir a los verdaderos responsables tanto de la masacre como de la digitación del desenlace judicial es indudable; a pesar de ello, la impunidad del caso Curuguaty continúa.

La criminalizacion de las luchas en la ciudad

Desde el 2014 la virulencia de la criminalización de la protesta social se volcó del campo a la ciudad. Ello se expresó en la persecusión, despidos y procesamientos que sufren los trabajadores ante la arremetida patronal y la resistencia a las políticas neoliberales del gobierno.

Casos concretos se presentaron en el contexto de luchas como la de la Liga Obrera Marítima (LOM), donde 200 trabajadores fueron despedidos del Puerto Privado San Francisco S.A en el puerto Caacupemí, en el que el Fiscal Víctor Maldonado imputó a 11 trabajadores. El fiscal antes de trabajar en el Ministerio Público habría sido asesor legal de la empresa. En ese mismo escenario, dirigentes de la CCT que realizaban una pintata en solidaridad con los trabajdores de la LOM fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de manera arbitraria.

Situación similar ocurrió tras la huelga de la DINAC de 2015, que buscaba frenar la privatización del aeropuerto, en el marco del cual los trabajadores fueron reprimidos por la policia y tras la conclusión de la medida fue declarada infundadamente ilegal, siendo despedidos más de 130 trabajadores, mientras que 3 fueron imputados.

Un desenlace análogo tuvo la heróica lucha de choferes de la línea 49, quienes fueron reprimidos, procesados y despedidos de la empresa del diputado liberal cartista Celso Maldonado, quien estuvo destrás de presionar a fiscales y jueces para que hagan “justicia”.

Tanto en el caso de la DINAC como el de la Línea 49 (Luque) es evidente que Daher estuvo involucrado para alinear a fiscales y jueces a los intereses del gobierno y del empresario liberal. Con los audios filtrados y todo el historial de denuncias que precede al usurero inmundo de Luque no cabe dudas de su implicancia en estos como en otros tantos casos similares en que la justicia dio la espalda a los trabajadores en lucha.

A estos casos debemos sumar a estudiantes procesados, bañadenses, en fin, a todos los afectados que sufrieron la aplicación de la criminalización de la protesta.

Durante el 2017 esta política de persecusión, despidos ilegales y criminalización continuó. Entre ellos se cuenta a varios docentes sindicalistas, periodistas (40 afectados en 6 meses) y los 4 dirigentes sindicales echados arbitrarimanete de la UCA.

 

 

                La necesidad de anular todos los casos de criminalización  

A nadie le cabe dudas que las medidas impuestas contra la clase trabajadora obedecieron a directrices de miserables políticos y patrones como Cartes, José Ortiz, Daher, Oviedo Matto, Narciso Velázquez y compañía, todo lo cual refleja la impunidad con la que actuan las patronales, conscientes de la obsecuencia de las marionetas judiciales.

Es necesario y urgente el desarrollo de campañas desde todas las organizaciones sindicales y sociales que planteen la anulación de los casos de persecusión sindical, la puesta en libertad inmediata de los condenados, la reposición de los despedidos, y el castigo ejemplar a los responsables.

 

 

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